Hoy, 27 de Junio del 2012, las Naciones Unidas otorgaron al Gobierno Mexicano el segundo lugar del Premio ONU al Servicio Público, por su Programa de Estancias Infantiles para Madres Trabajadoras, en la categoría 5, de Promoción de Servicios que Responden al Enfoque de Género. La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) y la Incidencia Civil en la Educación (ICE) de México se suman al repudio ya manifestado por el Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, y otras articulaciones de la ciudadanía mexicana, con relación a la entrega de este premio al gobierno de Felipe Calderón.
Según las Naciones Unidas este premio es “el galardón internacional de mayor prestigio a la excelencia en la administración pública" y pretende ser un mecanismo para estimular “la excelencia en un servicio público ejemplar” una vez que “reconoce que la democracia y la buena gobernanza se basan en una administración pública competente”.
Otorgar este premio al gobierno mexicano por su Programa de Estancias Infantiles para Madres Trabajadoras es un retroceso a la consolidación de la educación en la primera infancia entendida como derecho humano fundamental y refleja contradicciones en el seno de Naciones Unidas, la cual ha sido también promotora de innumerables instrumentos internacionales de defensa de los derechos humanos y de protección del interés superior de los niños y las niñas.
Los criterios para que una “estancia infantil” pueda integrar el Programa premiado apuntan a una concepción de educación y cuidado a la niñez que irrespeta los derechos de los niños y niñas y que es desproveída de fundamento político pedagógico y ético. Los criterios apuntan que la formación de quienes estarán al frente y cuidando de los niños y niñas es de apenas secundaria completa y el espacio físico solamente de 2 metros cuadrados por niño/a. Estos ejemplos de criterios y la ausencia de otros parámetros sustantivos en línea con principios y contenidos de los derechos humanos en la primera infancia demuestran que la exigencia para integrar el Programa de Instancias Infantiles es prácticamente nula.
Entendemos que la puesta en marcha de programas como este no responde ni a la realización de derechos de niños y niñas ni tampoco a los derechos de las mujeres trabajadoras, al mismo tiempo que exime al Estado de su responsabilidad como garante de derechos. Programas de bajo costo que no responden a criterios de aceptabilidad del derecho humano a la educación y que son dirigidos de manera focalizada a sectores de menor ingreso, violan derechos en lugar de realizarlos y generan segmentación entre familias de distintos niveles socioeconómicos, ampliando brechas y desigualdades. Las varias normativas internacionales de derechos humanos que se conquistaron a lo largo de los años son claras: “Toda persona tiene derecho a la educación, sin discriminación”.
Más allá de las graves características del Programa de Estancias Infantiles para Madres Trabajadoras, otorgar este premio internacional al gobierno mexicano en un contexto en donde hace tres años ocurrió la tragedia del incendio en la Guardería ABC, del Estado de Sonora, que provocó la muerte de 49 niñas y niños entre 0 y 5 años de edad, es una afrenta a la ciudadanía mexicana y a la lucha por los derechos humanos en el país, en el continente y en el mundo.
Por fin, queremos subrayar otro agravante del contexto en el cual se otorga dicho premio: aunque el presidente Felipe Calderón haya firmado en el 2011 el decreto que aprueba la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, también conocida como Ley 5 de Junio por haber sido impulsada por el Movimiento 5 de Junio, conformado por madres y padres de niños y niñas víctimas del incendio de la Guardería ABC, cabe aclarar que a la fecha él no ha hecho el procedimiento a través del cual se elabora y aprueba el Reglamento necesario para validar la Ley, la cual hoy sigue inoperante.
La CLADE, el ICE y demás redes hermanas y movimientos ciudadanos que luchan por los derechos humanos en América Latina y el Caribe, seguirán articulándose para que la educación en la primera infancia sea plenamente reconocida como derecho humano fundamental y para que esta concepción se refleje coherentemente en las políticas públicas y en los programas que se pongan en marcha.
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