El encuentro del viernes 24 entre el secretario de Gobernación y el coordinador de Políticas Públicas de Enrique Peña, coloca en toda su crudeza el altísimo aprecio que ambos tienen para con los procedimientos constitucionales respecto a la declaratoria de presidente electo a cargo del Tribunal Electoral, proceso jurídico que se encuentra en pleno curso.
Alejandro Poiré y Luis Videgaray le hacen flaco favor a Felipe Calderón –a 95 días de abandonar la Presidencia que obtuvo en más mala que buena lid–, y a Peña Nieto. Pero sobre todo a la república saturada de tensiones no sólo poselectorales sino también sociales, y agobiada como nunca por el vigoroso y creciente poder fáctico del crimen organizado, con todo y la aventura militarista, genocida, del general de cinco estrellas que, como ninguno de sus antecesores, subordina las necesidades de México a los intereses de los dueños y los gobernantes de Estados Unidos.
Como es sabido, el Tribunal Electoral tiene como plazo límite el 6 de septiembre para resolver sobre el proceso comicial, pero valiéndoles un comino a Poire y Videgaray mandan “al diablo sus instituciones” y durante dos horas deliberaran a escondidas sobre “los trabajos de entrega-recepción” del gobierno de origen panista que está por concluir con mucha más pena que gloria. La reunión, además, fue convenida con una semana de anticipación. Es decir, tampoco pueden alegar los que hacen bellos discursos sobre el estado de derecho, que la decisión de los siete (no 11) magistrados está más que cantada.
Que así lo sabe y entiende bien el mexiquense queda claro el mismo día 24, cuando en el discurso pronunciado a puerta cerrada “se asumió ya como seguro presidente electo” y sus aliados del Partido Verde –sobresalientes para hacer negocios y política en forma simultánea con el partido gobernante que les brinde mejores dividendos--, lo saturaron con el servil “señor presidente” y de una vez auguran que “será uno de los mejores presidentes de México”.
Alejado físicamente de los reporteros, Peña ofrece conducir una administración regida por principios “de ética, moral pública y de respeto absoluto a la transparencia”, todo lo contrario a la experiencia que hereda a Eruviel Ávila y el estado de México. Naturalmente que nunca es tarde para cambiar y más si el horno no está para bollos, aunque el presidente del arbitraje electoral no se entera y en Matamoros, Tamaulipas, 30 jóvenes de #YoSoy132 lo obligan a salir por la puerta trasera del hotel y rodeado por soldados.
El candidato del Revolucionario Institucional habla de la necesidad de llevar al país por “una senda de desarrollo y transformación”, no como la visión de Enrique Peña, sino “del proyecto de nación que tenemos todos los mexicanos”. Justo éste es el nudo gordiano porque el gran consenso programático se rompió. Y el que se impone de pésimas maneras dividió a los nacionales, pero vigorizó a la plutocracia, sus monopolios y alianzas globales.
Con la ruptura de las formas más elementales, acordadas por los que hoy, como los doctores Poire y Videgaray, las usan de papel higiénico, se abona con singular torpeza a ensanchar el camino del desencuentro y de la confrontación, cuando además los mismos órganos electorales realizan trabajos a marchas forzadas pero con una parcialidad que, todo indica, profundizará el disenso poselectoral.
No se trata de que favorezcan a Andrés Manuel López Obrador sino de que realicen su trabajo con imparcialidad, profesionalismo y exhaustividad. Y si no son capaces los magistrados que se dediquen a otra cosa y le ahorren a México este espectáculo bochornoso que no se merece.
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