Si el presidente Hugo Chávez, o algún ente de su Gobierno, prohibieran la venta en Venezuela de determinados modelos de celulares, seríamos acusados de “vivir bajo un régimen dictatorial que atenta contra la libre empresa”.
Pero cuando eso ocurre en el capitalismo son muy pocas las críticas, a pesar del frenazo que se da a la innovación. Hace años que Apple y Samsung están en una guerra legal: la empresa de la manzanita acusa a la surcoreana de plagiar sus diseños, asegurando que la interfaz TouchWiz que usan los Galaxy es una copia del software de iPhone. Exige $2.500 millones de compensación. La demanda logró prohibir la venta de ciertos modelos de Samsung en Estados Unidos y Alemania. Samsung respondió exigiendo a tribunales de Japón y Australia que detenga la venta de iPhones. En Corea del Sur, una sentencia reciente prohíbe la venta de varios modelos de ambas empresas.
Oracle y Microsoft demandaron a Google por patentes y licencias en torno a Android. La primera perdió; Microsoft no. Por ello, muchos fabricantes de celulares deben pagar $15 a Microsoft por cada equipo Android que vendan, precio que trasladan al comprador. Microsoft tiene su propio software de celulares, y al encarecer Android, buscan sacar del juego a un competidor.
Las patentes no necesariamente son malas. Surgieron para proteger al pequeño inventor, dándole un lapso de tiempo para explotar su invento con exclusividad, sin el temor de que una gran empresa le robe sus ideas. Pero las leyes se distorsionaron y terminaron sirviendo a los grandes. Las patentes de software son las más patéticas: pueden abarcar, desde algoritmos y fórmulas matemáticas (como las que involucran a los formatos MP3 o MPEG-4), hasta características de la interfaz de usuario, como el multitouch o la posición de los menús en la pantalla. En Estados Unidos, el hacer un software que incluya esos elementos implica pagar regalías a Apple, Google o Microsoft.
En Venezuela, queremos convertirnos en un productor importante de celulares, tabletas, computadores y software libre. Apenas estamos despegando, pero ya Microsoft está tocando las puertas de varias ensambladoras venezolanas para exigirles regalías por cada equipo Android que vendan. Como si las patentes de software tuvieran validez en la tierra de Bolívar.
Hay que abrir el debate. Temas como el derecho de autor y la propiedad intelectual tienen que discutirse públicamente, en nuestros barrios, universidades y medios públicos. De lo que sí estamos seguros, es que ante un eventual gobierno de Capriles –amigo de empresarios e hijo de dueños de cines– no habrá debate, sino imposición empresarial. ¿Es lo que queremos?
LUIGINO BRACCI MIEMBRO DE LAS COMUNIDADES DE SOFTWARE LIBRE
No hay comentarios.:
Publicar un comentario