Entre los comuneros que se oponen a la construcción del parque eólico en San Dionisio del Mar, “hay voluntad de luchar”, pese a que los enfrentamientos por el operativo policiaco estatal lanzado para romper su bloqueo los tiene con “nerviosismo” y “sentimientos encontrados”, relata Carlos Beas, de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni).
La primera semana de febrero, la solidaridad entre pescadores, campesinos y pobladores binnizá, ikoot y mestizos logró impedir el paso de más de 400 elementos de la policía estatal, que pretendían “ensangrentar al pueblo indígena de Álvaro Obregón, apoderarse de su campamento y custodiar a la empresa española Mareña Renovables que con golpes, sangre, violencia y amenazas pretenden despojar a los indígenas de sus territorios y lagunas de donde obtienen sus alimentos”, señala en un comunicado la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa del Territorio.
En estos momentos hay un amparo vigente que impide la construcción de la obra, además de que los pobladores tienen instalado un plantón para impedir el acceso de la empresa a sus tierras. El 31 de enero, Mareña Renovables amenazó públicamente con llevarse la inversión si no se le otorgaban garantías jurídicas para establecerse en San Dionisio del Mar, y dijo que se quedaría “si se aplicaba la ley”. Esa misma noche, el operativo policiaco sin orden judicial pretendió romper la resistencia de los pobladores, a quienes la empresa y el gobierno insisten en tachar de “grupo minoritario”.
Los enfrentamientos se sucedieron hasta el 2 de febrero. Los ikoot y binnizá denunciaron golpes, detenciones, maltratos e insultos por parte de la Policía Estatal, que arremetió lo mismo contra hombres que contra mujeres y niños. Los elementos policiacos se retiraron de Álvaro Obregón el 3 de febrero, y si intentan regresar ellos o los empleados de la empresa, “no se les permitirá el paso de ninguna manera”, puntualiza Beas, que informa que el plantón sigue en pie.
Mareña Renovables contra los pueblos
En diez años de operaciones, las empresas eólicas construyeron en el Istmo, zona de fuertes vientos, 11 centrales generadoras de energía. Los pobladores de las tierras en las que se asentaron las siete empresas que gestionan los parques eólicos resienten el ruido y las afectaciones ambientales que ha traído esta industria.
Los comuneros ikoots y binnizá se oponen a que Mareña Renovables construya un parque eólico en sus territorios, que consideran sagrados y de donde obtienen sustento.
El proyecto de parque eólico de San Dionisio del Mar, sin haber pasado por el proceso de consulta previa libre e informada, pretende basarse en un contrato firmado en el 2004, con menos del 20 por ciento de asistentes a la asamblea de comuneros. Los dos estudios de impacto ambiental aprobados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), denuncian los opositores, falsean información sobre los impactos en el frágil ecosistema.
Los pobladores cuentan con un amparo vigente que ordena la suspensión de la construcción del parque por las violaciones al derecho de consulta a los pueblos afectados por parte de instancias como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat, acusada de la misma omisión en la concesión de impacto ambiental para la construcción del Acueducto Independencia en territorio yaqui, en el norte del país), la Secretaría de Energía y el Consejo Regulador de Energía. “Cualquier entrada de la empresa y cualquier custodia que le haga el gobierno es una violación a esta disposición”, señala Beas.
El gobierno estatal y la empresa se han valido también del presidente municipal priísta, Miguel López Castellanos, desconocido por la población, y de golpeadores y sicarios para amedrentar a los pobladores. “Varios activistas tuvimos que salir de la región, y tenemos preocupación porque son sicarios conocidos los que están tras las amenazas”, apunta Carlos Beas.
Detrás de la represión y el hostigamiento contra los pobladores “hay un agrupamiento entre Francisco López García y Elías Cortés, diputados priístas, caciques del mismo partido, la empresa y funcionarios del estado de Oaxaca”, acusa Carlos Beas, aunque el principal instigador es Jonathan Davies, presidente del consejo de Mareña Renovables, precisa.
“El gobierno es parte del problema, ya perdió su papel de mediador”, señala Beas, y agrega que parte de los grupos de choque que se crearon con personas ligadas a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y al Partido de los Trabajadores. Además, “el gobierno ha utilizado a la policía como grupo de choque, como guardias blancas, para reprimir a la gente que está inconforme”, acusa el opositor.
Por las amenazas anteriores y los sucesos del 31 de enero, 1 y 2 de febrero, los activistas solicitaron medidas cautelares para algunos de los amenazados, y Amnistía Internacional emitió una acción urgente llamando a resguardar la integridad física de los pobladores y activistas, a investigar las amenazas y a garantizar el proceso de consentimiento libre e informado de los pueblos.
La solidaridad
Después del violento operativo policiaco, Mareña Renovables dijo que estaba dispuesta a “negociar” con los pobladores si éstos deponían su “actitud violenta”. Beas precisa que “la violencia ha partido siempre de ellos, pero con estas declaraciones quieren rectificar el impacto que hubo en la opinión pública por los ataques tan violentos contra la población de Álvaro Obregón”. El integrante de la Ucizoni señala que no se ve una voluntad del gobierno o de la empresa para crear condiciones de distensión.
Sin embargo, los pueblos siguen adelante con su proceso de organización, indica Beas. “Aunque hay nerviosismo por las agresiones, hay un ambiente también de fiesta porque lograron expulsar a la policía y un gran espíritu de solidaridad entre las poblaciones afectadas por este proyecto”, agrega.
Las organizaciones locales llamaron a la realización de una caravana de solidaridad el 17 de febrero, cuya intención es “mantener el ánimo de las comunidades y llevar alimentos, porque las guardias que se hacen son prolongadas”, señala el luchador social.
“La movilización sigue, siguen reuniones, acciones legales y haremos denuncias dentro y fuera del país”, indica Carlos. Aunque están conscientes de que hay poderosos intereses detrás del proyecto y que no será fácil, sigue el proceso de defensa. En los pueblos, finaliza Beas, “hay voluntad de seguir la lucha”.
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