Los pueblos que orientaron nuestro
camino hace más de 17 años, vieron el riesgo de que nuestro sistema de
justicia fuera cooptado por el Estado o por grupos oportunistas, por eso
la base siempre serán las asambleas comunitarias y la asamblea regional
Cirino Plácido Valerio (fundador
del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia; acompañante del
Congreso Nacional Indígena desde 1996 y de la Marcha del Color de la
Tierra con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 2001;
fundador, excoordinador y consejero de la Coordinadora Regional de
Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria y actual comisariado de
Buenavista de Cuéllar, Guerrero)
Corredor Costa Chica-Montaña,
Guerrero. Sus rostros muestran alegrías, recuerdos, sonrisas; se oyen
las voces costeñas. La mayoría son mujeres y hombres maduros, con la
piel curtida por la montaña. Afuera del auditorio sin paredes, el sol
calienta con fuerza; inmensas montañas, que recién reverdecen, rodean,
vigilantes, la reunión. Los asistentes a la asamblea regional son
indígenas me’phaa y na’saavi, de la región Costa-Montaña de Guerrero. Es
el 16 de junio de 2013 en la comunidad de Santa Cruz el Rincón,
municipio de Malinaltepec, donde hace más de 17 años una asamblea, que
reunió a muchos de los hoy presentes, acordó la creación de la Policía
Comunitaria un 15 de octubre de 1995.
Las participaciones buscan rescatar la
memoria. La asamblea es testimonio de la convicción de más de 20
comunidades por reconstituir su Sistema Comunitario de Seguridad y
Justicia, articulado en la Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), que –dicen– les ha sido
despojado por grupos oportunistas con intereses y visiones ajenas a su
proyecto comunitario.
La tarde ha comenzado y la Asamblea
Regional ha revocado ya el mandato a la Coordinadora de San Luis Acatlán
y ahora procede a elegir nuevos coordinadores y comandantes regionales
para la CRAC-PC de los pueblos fundadores. Con la distinción de “pueblos
fundadores”, no buscan un reconocimiento a sus sacrificios; aseguran
que tampoco se trata de un afán protagónico: buscan reivindicar su
historia y diferenciarse de la CRAC-PC que opera en San Luis Acatlán, la
cual los considera “una disidencia”.
Hoy, una de las luchas indígenas más
emblemáticas del país, la CRAC-PC, está dividida y, a 17 años de su
fundación, vive uno de los retos más duros de su largo camino. El
gobierno del estado, que siempre ha buscado la desaparición o
subordinación de este proyecto comunitario, hoy aprovecha la
confrontación interna.
Los gobiernos federal y estatal
utilizan la situación para militarizar e imponer su lógica de
golpear-negociar para desaparecer todo proceso con margen de autonomía.
El grupo que desde hace algunos años pretende dirigir a la CRAC, a decir
de algunos principales y autoridades comunitarias, son personas que
“llegaron de otro lugar, se apoderaron del proyecto y han utilizando la
legitimidad que la institución se ha ganado para dividir a nuestros
pueblos”. Actualmente, afirman, “estamos viendo muy seriamente las
agresiones y amenazas contra líderes y principales de nuestras
comunidades”. Las autoridades comunitarias lo tienen claro: “Estamos
frente a un grupo que trae un interés muy fuerte. Corremos un gran
riesgo de que nos manden a matar”, afirman.
7 de julio de 2013, Tlaxcalixtlahuaca,
municipio de San Luis Acatlán. Nuevamente se encuentran reunidas las
autoridades de más de 20 comunidades.
La asamblea regional vuelve a
sesionar, presidida por comisarios y comisariados que acompañan a las
recién nombradas autoridades regionales de la CRAC-PC de los pueblos
fundadores. Los asistentes son en su mayoría hombres y mujeres adultos,
pero también se encuentran varios grupos de jóvenes. Los policías
comunitarios portan sus uniformes verde olivo con el estampado de la
CRAC-PC, así como sus rifles de caza y las armas con las que cada
comunidad los equipó para proteger al pueblo.
Cada grupo acompaña a su comisario,
representante de la asamblea de su comunidad. Se sientan alrededor de la
Asamblea como guardianes del pueblo, pero sobre todo como parte del
pueblo. Atentos a la palabra, algunos incluso participan, pero tienen
claro que es la asamblea regional y las autoridades comunitarias quienes
han de orientar la reconstitución del Sistema Comunitario de Seguridad y
Justicia, proceso que las comunidades han decidido caminar, como hace
17 años, sin importar los riesgos y los sacrificios.
Las nuevas autoridades regionales,
coordinadores y comandantes han sido ratificados en sus comunidades, por
lo que la asamblea regional les reconoce su nombramiento definitivo,
que vuelve a ser por el periodo de 1 año para evitar la corrupción, como
había sido desde un inicio en 1995 y hasta el periodo de Pablo Guzmán
Hernández, quien lo modificó a 3 años. Para evitar cualquier
confrontación con la CRAC de San Luis Acatlán y de El Paraíso, en
Ayutla, los pueblos fundadores han decidido establecer su Casa de
Justicia provisional en la comunidad de Santa Cruz del Rincón.
8 de julio de 2013. La CRAC-PC de los
pueblos fundadores ha comenzado a recibir detenidos. Reorganizan el
camino de la justicia comunitaria y la reeducación con las comunidades,
que desde el 2 de junio habían dejado de recibir detenidos, de realizar
guardias y de responder a la CRAC que opera en San Luis Acatlán: “Las
graves denuncias e irregularidades cometidas [por la Coordinadora de San
Luis Acatlán] han sido documentadas y expuestas en las actas de esta
Asamblea de Autoridades Comunitarias de los días 19 de mayo y 2 de junio
del presente” [sic], dice el Acta de Nombramiento de los Nuevos
Coordinadores y Comandantes Regionales.
Ante la gravedad de la confrontación
“interna” por amenazas, detenciones ilegales y las señales
gubernamentales poco alentadoras de paz en el estado, la asamblea
regional ha decidido lanzar un llamado de alerta: contra la represión y
por la solidaridad al Congreso Nacional Indígena, al Ejército Zapatista
de Liberación Nacional y a la Red Nacional contra la Represión y por la
Solidaridad, a través del cual denuncian una campaña mediática en la que
la propia CRAC, que opera en San Luis Acatlán, ha señalado injustamente
a las comunidades y a luchadores sociales de la región, como Cirino
Plácido Valerio, comisariado ejidal de Buena Vista, y Apolonio Cruz
Rosas, comisariado de Bienes Comunales de Santa Cruz del Rincón, de ser
traidores, paramilitares, pistoleros, agentes del gobierno, agentes de
empresas mineras, sin pruebas ni argumentos. El texto señala que
“reiteradamente se ha utilizado la frase derramamiento de sangre, lo
cual es absurdo, porque nuestros pueblos siempre han sabido caminar con
la palabra”.
Fuente: www.contralinea.com.mx Periodismo de investigación http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2013/08/11/la-reconstitucion-de-la-crac-pc-voz-los-fundadores/
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