Días de bruma… ¿y de glamour?

Fotografía Tomada del Periodico el Sur

Es sumamente alarmante observar un horizonte político espeso, a causa de la polvareda que levantaron las acciones disparatadas contra la CETEG, por parte del Ejecutivo estatal amafiado con los coordinadores de las bancadas del Congreso local. Ambos poderes se aliaron y trazaron una ruta nebulosa y zigzagueante que crispó los ánimos y formó una nube densa de animadversión.

Las turbulencias de este 2013 evidenciaron a un gobierno impasible, negligente, en plena francachela, ofuscado y poco preparado para hacer frente a la diversidad de problemáticas relacionadas con la inseguridad, la violencia, la reforma educativa, la desatención a las normales y la criminalización de las acciones legales y constitucionales de la Policía Comunitaria.

Desde la aparición de los grupos de autodefensa en Ayutla (en la primera semana de enero),  hasta el reciente encarcelamiento de dos coordinadores y cuatro policías de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias - Policia Comunitarias (CRAC-PC) , el timón del poder Ejecutivo naufraga en este mar de desigualdades. Los bomberazos transfigurados por gases lacrimógenos son los que están  sofocando las movilizaciones y los bloqueos de la CETEG sin atender las raíces del malestar ni sus planteamientos y propuestas. Los operadores políticos se esfumaron y desaparecieron del tablero. El gobierno no tiene interlocutores con gran probidad política y ética que ayuden a tender los puentes  y amainar las tormentas que se avecinan.

La falta de un acuerpamiento político y la carencia de una visión integral y de largo alcance, sobre los problemas más sensibles que enfrentamos las y los guerrerenses, el descuido y la improvisación gubernamental toparon  directamente con las bases de los movimientos sociales más emblemáticos del estado, que están asqueados de tanto engaño y de tanta felonía. El gobierno del estado siguió trivializando y descalificando a los movimientos que han ejercido su derecho a la protesta. En lugar de trabajar en la construcción de una agenda conjunta, para distender el ambiente de confrontación, se alentó una lucha frontal. De medición de fuerzas y de presión social, que sólo provocó el  resquebrajamiento de los puentes del diálogo y la mediación política, arruinando los esfuerzos orientados a propiciar los acercamientos necesarios que amortiguaran  los embates directos.

Todo se puso al rojo vivo, porque los acuerdos políticos no fueron tomados en serio. En los momentos clave de la negociación, tanto el ejecutivo como el legislativo retrocedieron y se deslindaron del apoyo brindado. Ninguno quiso abrir un resquicio que ayudara a mantener en la mesa de negociación al magisterio movilizado. Se atendió más la instrucción presidencial y se sopesó la balanza del poder. Las autoridades no estaban dispuestas a que se pusiera en entredicho su fuerza, su poder; el control de las instituciones y la aplicación de la ley penal. Por cuestiones de (des)prestigio, pero también de orgullo y engallamiento, cerraron filas los líderes de las diferentes bancadas para distribuirse tareas orientadas a socavar la fuerza de la Coordinadota Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG). La instrucción precisa era echar abajo la propuesta de reforma a la Ley Estatal de Educación planteada por la CETEG. Se trataba de cumplir a pie juntillas las órdenes de sus jefes políticos, de los secretarios de Gobernación, de Educación Pública y del presidente Enrique Peña Nieto.

De nada sirvió el cabildeo de la CETEG con los diputados y diputadas que supuestamente eran afines a la propuesta del magisterio. Algunos diputados del PRD tuvieron el descaro de hacer creer a la dirigencia que iban a aprobar en lo general la propuesta que plantearían los del PRI, con la intención de entrar a su análisis, y al final hacer la cargada a favor de la propuesta del magisterio. Con esa promesa la dirigencia de la CETEG cabildeó con sus bases, para que flexibilizaran su postura y aceptaran la estrategia de los diputados perredistas. Todo fue una argucia bien planeada desde el centro con los representantes de los partidos políticos y con la aquiescencia del gobernador. Así fue. Para evitar alguna acción de fuerza por parte del magisterio, consensuaron realizar la sesión en Acapulco, para que libres de toda culpa y peligro, pudieran consumar su perfidia. El resultado de una votación favorable, era lo que al final de la sesión esperaban celebrar los maestros y maestras, pensando ilusamente que se impondría el bloque del PRD. Lamentablemente, todo sucedió al revés. En lugar de que ganara la propuesta de la CETEG, la cargada de los mismos perredistas se fue con los del PRI.

Este agravio fue lo que más lastimó al magisterio porque abusaron de la confianza que depositaron en los diputados. Habían optado por la negociación y el acuerdo, apostándole a una reforma estatal que hiciera eco de los planteamientos centrales que la CETEG y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han expuesto y siguen exponiendo en la mesa nacional, sobre la educación que realmente necesitamos los mexicanos y mexicanas.

Esta desatención fríamente calculada por el Legislativo y el Ejecutivo, ha dado al traste para pensar que en la posteridad los ciudadanos y ciudadanas puedan arribar a acuerdos políticos con los que supuestamente representan los diversos intereses de la sociedad. Esto se derrumba porque han perdido la autoridad moral que los cobijaba y que les permitía tener cierta ascendencia o prestigio entre la población. Estos daños ocasionados (que en realidad fueron los que ocasionaron otros daños materiales), son los que no se valoran y ni siquiera se mencionan. Se ve como muy natural que las autoridades no hagan caso, ni que den respuestas convincentes a la ciudadanía, sobre todo cuando están de por medio reformas que van a violentar sus derechos. Esto se tornó en algo grave porque no hubo interés de las autoridades para realizar alguna consulta previa con el magisterio y porque se actuó con mucha irresponsabilidad, al aprobar casi por unanimidad la ley de educación emanada del Pacto contra México.

Hoy vivimos un tiempo cargado de bruma. Denso, crítico y de alta explosividad social. No vemos que esté cerca un remanso, por el contrario, hemos caído en la espiral de la confrontación, del ajuste de cuentas, de la demostración de la fuerza y por parte del Ejecutivo estatal, de querer rehacer al costo que sea, su imagen maltrecha. Para ello ha apelado a la judicialización de los conflictos sociales.
Las detenciones de los cuatro maestros de la CETEG se hicieron en los momentos menos oportunos, al grado que tuvo que intervenir el Gobierno Federal para no causar más encono, ni dar motivo para que se agrandara el conflicto. Esto mismo sucedió con los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. La liberación de los alumnos se tuvo que resolver con la intervención de Gobernación federal.

Las detenciones de los dos coordinadores y cuatro policías de la CRAC, fue como una estocada traicionera que tuvo la perversidad de querer meter en cintura a la nueva dirigencia de San Luis Acatlán, por haberse  solidarizado con la CETEG y por acompañarlos en sus movilizaciones. Esto el gobierno no se los perdonó, sobre todo, por atreverse a emplazar a las autoridades a que resolvieran los planteamientos del magisterio. Las detenciones arbitrarias alebrestaron a los comunitarios a quienes se orilló a tomar acciones dentro de su propio territorio. Usaron la misma vara con la que fueron tratadas sus autoridades comunitarias por parte del Ejército, la Marina y la Policía Federal. Esta agresión al sistema comunitario fue valorada con mucho rigor por la asamblea, al grado que al siguiente día de la liberación de sus compañeros, determinaron detener primero a cuatro policías ministeriales, un comandante y un funcionario judicial, y posteriormente procedieron a la detención y desarme de ocho policías municipales de Malinaltepec y San Luis Acatlán, para obligar a que las autoridades federales les reintegraran sus armas y sus camionetas confiscadas en su detención.

Más allá de lo que pudiera significar esta reacción de la Policía Comunitaria, lo que es más evidente es la falta de oficio político para atender estos conflictos por parte de las autoridades estatales. Siempre se escudan con el argumento de que la gente está decidida a detener y encarcelar a los funcionarios que van a negociar. Esto se ha vuelto costumbre decirlo a los medios para justificar su inasistencia. Con este pretexto le apuestan a que el conflicto se desactive por sí solo o que se prolonguen las negociaciones para el siguiente día. Con estas artimañas tratan de bajar la presión de la gente, y dependiendo de ello, valoran si hay necesidad de atenderlos o ignorarlos.

Además de estas falencias, no hay funcionarios que tengan la capacidad para tomar decisiones y hacer valer los compromisos firmados. Se ha desgastado la figura del mediador, porque no hay credibilidad en quien negocia a nombre del gobierno. Fue patético que no estuviera una representación formal del gobernador y que otros personajes aliados que usurparon el papel de funcionarios le saquen la chamba al gobernador. El desempeño de los representantes de los gobiernos federal y  estatal en las negociaciones fue de muy bajo nivel. Su impericia los opacó y complicó la negociación, poniendo en riesgo todos los esfuerzos realizados por organismos de la sociedad civil que tuvieron la capacidad para arribar a un esquema de solución que generara confianza entre las partes en conflicto a la hora de firmar la minuta. A pesar de esta importante contribución para la resolución positiva del conflicto, en el gobierno sigue latente la amenaza de ejecutar las órdenes de aprehensión.

La imagen medrosa y débil que proyectó el Ejecutivo estatal a todo el país, por la manera como trató de resolver estos conflictos, ha querido ser retocada con escenarios montados a modo, para vender la idea de  que en su gobierno hay rumbo y temple. Este soliloquio solamente alienta el encono y la polarización social. Los mismos comentarios que emitió en cadena nacional con la periodista de Televisa Adela Micha, no abonan en nada para que como autoridad tenga la legitimidad de convocar a las partes en conflicto y poder resarcir los daños causados.
La postura sobrada, triunfalista y nada autocrítica sobre lo que sucede en nuestro estado demerita su autoridad, y más bien lo hace ver solo en su propio laberinto, como lo pudo constatar la misma conductora al cuestionar su forma de gobernar. El gobernador, en lugar de reposicionar su imagen en la televisión como una autoridad que respeta los derechos humanos, debe de reivindicarse en los hechos con las víctimas de violaciones de derechos humanos, cumpliendo las sentencias y las recomendaciones internacionales y nacionales; debe de respetar las leyes que reconocen a la Policía Comunitaria como parte de las autoridades que imparten justicia y garantizan seguridad; debe demostrar su compromiso con el magisterio respaldando sus planteamientos ante el gobierno federal; tiene la oportunidad de atender con  prontitud las demandas legítimas de los estudiantes normalistas y está obligado a castigar a los violadores de derechos humanos para garantizar justicia a quienes han sido víctimas de esta infamia. En este tiempo lleno de bruma, el gobernador ¿lo hará o seguirá en el glamour?

Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de la Montaña